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El narco y los pastores

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Por Héctor Aguilar Camín

MEXICO-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) Celebré el fin de semana pasado, durante un desayuno, las declaraciones del arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, diciendo que el más buscado de los narcotraficantes mexicanos, Joaquín El Chapo Guzmán vivía en Durango, “adelantito” de un pueblo llamado Guanaceví, y que todo el mundo en Durango lo sabía, salvo, al parecer, las autoridades, que nada hacían para detenerlo.

Celebré el valor del prelado y la llaneza de su dicho, síntoma de la verdad de sus palabras, pues es evidencia social compartida que en los lugares donde viven conocidos narcotraficantes la gente lo sabe.
Parte del tour para fuereños en algunas ciudades del nortes decir cosas es oír cosas como: “En esta parte de la ciudad que se ve muy próspera, están los narcos”, o “Aquella es la casa del narco Fulano”, etcétera.
La llaneza del arzobispo duró poco. El gobernador del estado y la Procuraduría General de la República pidieron al prelado hacer la denuncia formal de lo que sabía.
Al día siguiente de las declaraciones del arzobispo, el vocero de la arquidiócesis de Durango, Víctor Solís, dijo que lo dicho por su superior era una “leyenda urbana”.
Al día siguiente, domingo, la Conferencia Episcopal Mexicana, a punto de iniciar su 87 Asamblea, reveló que el narco tenía amenazados a sacerdotes católicos en nueve estados de la República, por haber denunciado el narcomenudeo en sus jurisdicciones.

Al día siguiente, lunes, el arzobispo González se declaró “sordo y mudo” ante las preguntas de la prensa y los obispos rechazaron la protección ofrecida por las autoridades para sus párrocos amenazados.
Al día siguiente, martes, los obispos declararon que su misión es pastoral, no policiaca y que no colaborarían con las autoridades denunciando a narcos. Ese mismo día aparecieron dos ejecutados en la zona denunciada por el arzobispo, y una manta que rezaba: “Con El Chapo no van a poder ni gobiernos ni sacerdotes”.
Todo esto puede leerse de varias formas: como una ejemplificación del miedo al narco, como la costosa corrección de una imprudencia arzobispal, como un forcejeo de los obispos con el gobierno federal que les exigen: si no ayudan, no hablen.
La posición final de los obispos no deja de ser reveladora: la institución social de mayor peso territorial y moral en el país, se lava las manos en materia de colaborar con el gobierno en su guerra contra el narco.
La guerra es del gobierno, no de la Iglesia Católica.