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244.000 abortos en 2015

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MADRID-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) El Instituto de Política Familiar (IPF) acostumbra a realizar exploraciones de posibilidades futuras basadas en indicios presentes, y suele acertar. De hecho, si alguna vez ha errado en sus previsiones respecto al aborto, ha sido a la baja.

Lo cierto es que el número de interrupciones voluntarias de embarazos ha crecido en España de una manera imparable. A partir de esta premisa surge una pregunta : ¿Qué consecuencias puede llegar a tener la próxima ley de plazos?

Cada vez más ricos
Para el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, la respuesta es alarmante: «Provocará que en España se superen los 244.000 abortos anuales en 2015 y servirá para que los centros abortistas se enriquezcan aún más. Además, convertirá a España en el país de la Unión Europea (27 Estados miembros) con mayor número de abortos».
Según el estudio del IPF, en el año 2015, cumplidos treinta años desde la legalización del aborto en España, se realizarán, teniendo en cuenta el histórico actual de crecimiento (un 126% para los últimos diez años) y las consecuencias de la entrada en vigor de la anunciada ley del aborto libre hasta unas determinadas semanas de gestación, más de 244.646 abortos anuales.
Cantidad que supondrá que más de 670 niños dejen de nacer al día y que habrá un aborto cada 2,15 minutos.
Además, para esa fecha, 2,6 millones de niños (2.635.423 en concreto) habrán dejado de nacer en España por la ley del aborto desde 1985. Según sus previsiones, «con la nueva ley, en España se acelerará e incrementará este crecimiento», prosigue Hertfelder. Y advierte de que la puesta en marcha del aborto libre hasta una semana dada «superará con creces a la ley «coladero» actual, que permite abortar hasta la última semana de gestación por el denominado «riesgo psicológico para la madre»».

A contracorriente de la UE
Destacan desde IPF que esta ley de plazos, en contra de lo que afirma Bibiana Aído, «irá en contra de lo que hacen la mayoría de los países de la Unión. Hertfelder recuerda que «en dos de cada tres países (en 16, un 60%) de la UE (a 27), para abortar o se necesita algún tipo de causa o supuesto despenalizador o es ilegal, siendo principalmente los países de la UE a 15 (en 10, un 66%) donde mayoritariamente se necesita siempre de algún tipo de causa o supuesto despenalizador».
«Será -concluye- una ley nefasta. Porque pierde la madre -que se ve abocada al drama del aborto-, pierde el niño -que no nace- y pierde la sociedad -que se ve privada del niño y tiene madres con graves problemas psicológicos-. Es una ley absolutamente regresiva. Pero servirá para enriquecer a los mismos centros abortistas que han opinado como expertos» en el Congreso.